
Marina Isasa
Magíster en Educación, Política y Sociedad (FLACSO Uruguay).
En marzo de 2020, el Poder Ejecutivo decretó el estado de emergencia sanitaria por motivo de la pandemia de COVID-19. Los escasos conocimientos respecto a dicha enfermedad, la inexistencia de vacunas, la circulación social del virus con alto grado de contagiosidad y, por tanto, la elevada cantidad de personas fallecidas, son aspectos que caracterizan el mencionado año. Las “sugerencias” desde el gobierno consistían en “no salir de casa”, quedarse dentro de la “burbuja” familiar, el uso de elementos de higiene personal y del hogar entre otras cosas. Las familias con muchos miedos –gran parte de ellos producto del aluvión de información difundida masivamente por la prensa oral, escrita, televisión, redes sociales y demás– se mantenían en sus viviendas. Las clases presenciales dejaron de realizarse en las escuelas, por lo que niños y niñas perdieron el encuentro real con sus pares, con sus maestras y maestros. Dejaron de ir a la escuela. Esta institución, como todas, tiene una dimensión física, edilicia, entre otras dimensiones (cometidos, jerarquías, modos organizacionales). Para evitar desplazamientos en las calles, los viajes en ómnibus y los contactos con otras personas en la caminata hasta la escuela, las autoridades sanitarias nacionales desaconsejaron asistir a los centros educativos. Es así que todos estaban excluidos, no había escuela para nadie. El cuerpo docente no está formado para la atención de emergencias sanitarias. Su formación está específicamente vinculada a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la didáctica y los conocimientos científico-disciplinares. Voluntariamente recurren a sus conocimientos y al manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación para hacer frente a su tarea de enseñar.
En 2021 comienza la vacunación organizada en un proceso que prioriza a las personas de alto riesgo y a los docentes, además de otros funcionarios estatales. Se van atenuando las consecuencias mortales de la pandemia, pero aún no desaparecen.
Hoy por hoy, la sociedad uruguaya en su conjunto y muchas familias con niñas y niños en edad escolar transitan el duelo por la pérdida de seres queridos. A esto se suman las pérdidas económicas, de fuentes de trabajo.
Y el desamparo en que aún viven muchos uruguayos, dado que los resortes de sostén y ayudas estatales fueron y son escasísimos ante semejante irrupción de la toxicidad del SARS-CoV-2, agente causante de la COVID-19.
La infancia o niñez es el tramo del ciclo vital que confiere un denominador común al alumnado en proceso de inclusión educativa. Como etapa del desarrollo evolutivo del ser humano connota factores biopsicosociales, cognitivos, económicos y culturales diversos en cada sujeto, peculiares de cada uno de nosotros. La multiplicidad de modelos (también llamados “arreglos”) familiares, de personalidades, de ritmos, de modos de aprendizaje y de enseñanza dan cuenta de la complejidad humana como especie. Por lo cual, el ingreso a la escuela es un mojón fundamental en el proceso de desarrollo evolutivo. La escuela de la zona debe recibir a la población estudiantil que allí reside y darle acceso a una educación para todos. La igualdad de oportunidades es la base necesaria para el desarrollo de los potenciales motrices, sensoriales, emocionales, cognitivos y de relación vincular de todos y cada uno de los alumnos y las alumnas en edad de escolarización.
El principal resultado o hallazgo surgido de nuestra investigación en 2017-2018 sobre la Red de escuelas y jardines inclusivos Mandela, proyecto conjunto del entonces Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), UNICEF y el IIDI, es la contradicción entre los paradigmas de inclusión educativa basados en el modelo médico y la concepción del modelo social en el que las barreras psicosociales, culturales y económicas limitan el aprendizaje y la participación de las personas con discapacidad. Al parecer, no es suficiente tener la convicción de la necesidad de una educación inclusiva, si bien esta es condición necesaria. Hace falta tener herramientas didáctico-pedagógicas para concretar mayor y mejor educación inclusiva en forma integral en los centros educativos.
En la coyuntura de pandemia por COVID-19 es preciso ver los cambios ocurridos a nivel general, desde entonces a la fecha, en nuestro país.
1) Asunción del gobierno de coalición, fundada el 5 de noviembre de 2019 e integrada por Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto, Partido de la Gente.
2) Cambio de formato institucional en el gobierno de la educación inicial y primaria. El gobierno colegiado del CEIP fue transformado en una Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) a cargo de una sola persona: su directora.
3) A nivel de la información institucional brindada en la página web de la DGEIP ya no figura la Red de escuelas y jardines inclusivos Mandela. En su lugar está la expresión “Educación Inclusiva”. No obstante, el contenido conceptual se mantiene textualmente como en 2017 y 2018.
En el ítem “Recursos Didáctico-pedagógicos” hay un repositorio de trabajos realizados y presentados por los equipos docentes en el Coloquio Educación Inclusiva 20201
. Los títulos de estos trabajos de maestros de educación común, de educación especial y de profesores especiales ilustran su pensar y su sentir respecto a la temática que nos ocupa.

Los detallamos:
a) “Recreos para todos”
b) “La huerta un espacio de encuentro”
c) “El valor del recurso en la enseñanza de las matemáticas en el aula inclusiva”
d) “Abordaje de un texto literario desde la perspectiva de la educación inclusiva”.
- 1CEIP/UNICEF/FLACSO Uruguay (2020)
Del análisis de los trabajos presentados por los equipos docentes en el Coloquio Educación Inclusiva 2020 se deduce un claro interés por el tema de la educación para todos. Como hipótesis podemos pensar que la sensibilidad con relación al tema se ha profundizado en alguna medida.
Por otro lado es sabido que la aprobada Ley de Urgente Consideración destina menos presupuesto para Educación. En la coyuntura descrita, teniendo en cuenta lo surgido en la investigación propia del año 2017, los recursos humanos no son suficientes si no se cuenta con recursos económicos para llevar adelante una política educativa de inclusión a nivel nacional.